Guatemala de cara a las elecciones generales del domingo 11 de septiembre
28 partidos políticos y 10 candidatos presidenciales –entre ellas 3 mujeres- disputarán el domingo 11 de septiembre la voluntad de 7 millones 300 mil guatemaltecos, sobre una población total de 14 millones de habitantes. Las encuestas preliminares anticipan la posible victoria del candidato del ultraderechista Partido Patriota, el ex – general del ejército Otto Pérez Molina. Amenazas de autoritarismo y “mano dura” sobrevuelan el futuro político de la más poblada de las naciones centroamericanas. En la cual el tema de la inseguridad ciudadana ocupa un lugar central. Entre 15 y 20 personas mueren por día en todo el país por la violencia social de origen delincuencial.
Si el electorado tuvo la energía de rechazar en las urnas en la elección de noviembre 2003 al ex – dictador Efraín Ríos Montt, (reconvertido a pastor evangélico fundamentalista), podría en esta ocasión abrirle las puertas institucionales a una opción no menos militarista que la que propuso en su momento el general.
La frágil democracia guatemalteca, concebida en su actual versión luego de las negociaciones de paz entre el poder y la guerrilla de la URNG en diciembre de 1996, arriesga así dar un paso atrás en su lenta consolidación. Y transita en contramano en una región que –salvo la excepción hondureña- se ha alejado en el siglo XXI de golpes y opciones ultraderechistas.
La ex – guerrilla del frente Farabundo Martí (FMLN) gobierna en El Salvador. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) controla el poder en Nicaragua y las encuestas anticipan la casi segura victoria de Daniel Ortega en la próxima contienda electoral del 6 de noviembre. En tanto en Honduras, la masiva movilización social logró en mayo pasado la vuelta al país del ex – presidente exilado Manuel *Mel* Zelaya, demostrando que sin la participación del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) ese país se torna políticamente inviable.
Derecha –extrema derecha dominante
El domingo 11 de septiembre, además del ejecutivo, el electorado deberá designar a 158 diputados nacionales; 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 333 autoridades municipales. Si se cumplieran las previsiones de las tendencias electorales dominantes a fines de agosto, el ex – general Pérez Molina ganaría cómodamente. La franja del 40 a 45 % de votos que podría recoger, sin embargo, no le permitirían coronarse en la primera vuelta. El segundo turno a realizarse el 6 de noviembre sería para él un ejercicio puramente formal al ubicarse hoy por delante de los candidatos que le siguen.
Muy por detrás de Pérez Molina, se ubicaban según los sondeos de fines de agosto, los también candidatos de derecha Manuel Baldizón (en torno de 18,5%) y Eduardo Suger, con 11% de las intenciones de votos
Rigoberto Menchú, premio Nobel de la Paz, sostenida por la antigua guerrilla y el partido indígena Winaq obtendría menos del 3 % de los votos. En un país vasto donde el 70 % de la población es indígena, una parte mayoritaria de la misma no se siente hoy representada en las organizaciones político-indígenas con aspiraciones electorales.
Seguridad, derechos humanos, soberanía alimentaria
Aunque la problemática de la violencia social aparece como un tema importante, la ultraderecha se encarga de agitarlo y utilizarlo políticamente.
“Mi Gobierno será con mano dura; voy a combatir el crimen organizado y toda la violencia con el Ejército…se crearán estrategias militares para erradicar la violencia desde su raíz”, enfatiza en sus discursos Pérez Molina. Apelando, incluso, a reestablecer “fuerzas de tarea” (task forces – grupos paramilitares), una táctica militar empleada por el Ejército contra la guerrilla tanto en Guatemala, como en buena parte de América Latina durante las décadas de los años 70,80,90 donde imperó la Doctrina de la Seguridad del Nacional.
“Muchas de nuestras contrapartes en Guatemala nos expresan su gran preocupación antes este discurso y esta perspectiva cercana de mayor violencia institucional y de ola represiva….Que apuntaría principalmente a los defensores de derechos humanos y al movimiento social en su totalidad”, advierte Karl Heuberger, responsable de la ONG evangélica suiza HEKS-EPER para Centroamérica.
Para Heuberger, el tema de la violencia esconde otras dos temáticas muy presentes en la preocupación cotidiana de los guatemaltecos: la seguridad alimentaria y la persecución a los defensores de los derechos humanos.
El 26 de agosto pasado cinco organizaciones y redes mundiales de prestigio, entre las cuales Vía Campesina, FIAN (Organización Internacional para el Derecho a la Alimentación) CIDSE (Agencias Católicas del Desarrollo), CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México) y APRODEV (Agencia ligada al Consejo Mundial de iglesias) hicieron escuchar su voz en Guatemala misma.
Publicaron un Informe elaborado entre 2009 y 2010 por una Misión Internacional que dichas redes habían organizado. Donde expresan la enorme preocupación por “la crisis alimentaria prolongada que sigue causando estragos en Guatemala” y “el clima de criminalización y persecución de las y los defensores de derechos humanos”, especialmente aquéllos que defienden los derechos económicos, sociales, culturales y de las mujeres.
Los organismos internacionales elevan 15 recomendaciones al Estado y a los futuros nuevos gobernantes, que van desde medidas para asegurar el desarrollo rural-social del país, hasta la depuración de la Policía Nacional, pasando por el fortalecimiento de los derechos laborales especialmente en el campo.
“Nos preocupa mucho la cuestión de la soberanía alimentaria. No vemos un accionar coherente de las autoridades ni de la comunidad internacional”, enfatiza Karl Heuberger. La tragedia es que con sus riquezas naturales Guatemala podría alimentar toda América Central, y hoy vive una penuria alimenticia creciente que amenaza incluso convertirse en hambruna, explica.
Detrás de esa contradicción el modelo económico hegemónico actual: “grandes extensiones de tierras cultivables entregadas indiscriminadamente a trasnacionales mineras o de agro-combustibles”, lo que atenta contra la producción indígena-campesina local y condena a esos sectores cada día a más marginación.
La responsabilidad de la comunidad internacional
“Los gobiernos, principalmente los europeos, las instituciones internacionales, las ONG de desarrollo tienen hoy una gran responsabilidad hacia Guatemala y Centroamérica”, enfatiza casi como grito de alarma el responsable de HEKS-EPER para Centroamérica.
“Deben reflexionar sobre la necesidad de una alianza real con el movimiento social, y los pueblos indígenas que siguen trabajando y movilizándose. Reforzando su actuar, reconociendo sus reivindicaciones. Deben expresar una clara voluntad política, coordinarse mejor. Se invierten recursos financiero pero no siempre con la mejor lógica. Es importante reflexionar porqué un país rico como Guatemala se confronta al hambre y a la crisis de alimentos”, interroga.
La Comunidad internacional debe expresar de forma contundente al nuevo Gobierno de Guatemala “el rol fundamental que tiene la garantía al derecho a la alimentación y la protección de los defensores de los derechos humanos par el funcionamiento de la democracia y las estrategias de desarrollo exitosas”, recomienda la misión internacional de las cinco grandes organizaciones internacionales que visitaron el país centroamericano.
Insistiendo en que el “Estado guatemalteco debe respetar la Declaración Universal de los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”. Y debe revisar las políticas que fomenten la inversión en la producción de agro-combustibles, la minería y megaproyectos energéticos para prevenir violaciones del derecho a la alimentación, a la tierra, al agua y de los derechos de los pueblos indígenas, insisten las cinco redes internacionales entre las cuales la Vía Campesina.
*Sergio Ferrari, colaboración de prensa E-CHANGER, ONG suiza de cooperación solidaria presente en Centroamérica